Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump propuso la pena de muerte para narcotraficantes, como una de las respuestas al problema de muertes por sobredosis que enfrenta ese país.
Para la persona no especializada, que es la mayor parte de la población, así como para el penalista de cafetería o el criminólogo de redes sociales, podría parecer una respuesta práctica y convincente: Si matamos al que distribuye droga, no habrá droga ni violencia y se acabó el problema.
No obstante, la opinión dominante de académicos que se han dejado algunos centenares de horas revisando fenómenos sobre criminalidad, derecho y ciencias sociales, a quienes algún crédito hay que conceder, han concluido que la supuesta solución es mucho más grave que el problema. Tan sólo en España este 14 de marzo se firmó un manifiesto por más de cien catedráticos de Derecho Penal en contra de la prisión permanente; ni qué decir de su opinión sobre la pena de muerte. (Para mayor autoridad de este documento, aclaramos que en aquel país para ser catedrático, la ley (ver art. 60 LOU) exige ser doctor, profesor titular de universidad, 3 años de antigüedad, aprobación nacional de evaluación de calidad, y defender la plaza en oposición. En México basta la asignatura de cualquier universidad de opinable prestigio, para que el docente abuse del término “catedrático”)
Un problema detectado en este tipo de castigos, es que todo sistema jurídico razonable, debe contener la posibilidad de apelación o de recursos constitucionales e internacionales de defensa, pues todo sistema judicial tiene errores humanos. Con la pena de muerte, estas fallas quedan absolutamente irreparables. Aparte, solemos tener la equivocada creencia de que “a mí nunca va a tocar”. Pero ¿Qué tal si ponen droga bajo nuestro vehículo con imanes, como tantas veces ocurre en frontera, y no tenemos posibilidad de demostrarlo? ¿O si el novio de nuestra hija entrega un paquete de droga, antes de llevarla a cenar, sin que la defensa logre demostrar la inocencia de la chica? O tantos otros supuestos como nos da la imaginación y la propia historia ¿Es imposible que los jueces se equivoquen? Incluso, ¿Es imposible que un fiscal o policía presente pruebas falsas?
Ahora bien, toda pena solo se legitimará si es necesaria. En Reino Unido se suspendió la pena de muerte por un período de prueba de 1965 a 1970, para saber si era realmente necesaria; observando que los delitos a los que se aplicaba no solamente no aumentaron, sino que disminuyeron; por lo que se decidió abolir de forma permanente. Es decir, ha quedado demostrado que ni siquiera es una pena necesaria.
En este sentido viola también el principio de proporcionalidad. Se supone que el narcotráfico se prohíbe porque es un delito contra la salud. Pero por ejemplo en México, por lesionar causando incapacidad física permanente se impone pena máxima de 5 años de prisión ¿Cómo es posible que por transportar un narcótico, que nadie ha fumado, olido o comido, se impongan hasta 25? Es el colmo que en Estados Unidos se proponga además la pena de muerte, ante el argumento de que el narcotráfico causa homicidios, portación de armas o delincuencia organizada; pues recordemos que cada uno de estos ya se castiga por su cuenta con bastante severidad. Ciertamente una cantidad de droga suficiente para vender, justifica la intervención penal, pero no tan desproporcionada y sobre todo tan disfuncional.
El gobierno de Trump ha dejado ver habilidades empresariales en sus decisiones, buscando beneficios económicos al menor costo monetario. Pero una nación debe gobernarse también bajo la visión de un Estado Social, que procure la mayor cantidad de beneficios sociales como la familia, la paz, la tranquilidad, la unidad, o la libertad; ante el menor costo social. No obstante la población de ese país enfrenta el enorme costo social de las condenas perpetuas o mortales, separación de familias deportadas, pérdida de empleos, temor gubernamental, o la inseguridad de saber que habrá armas en cada escuela. Es decir, contra las armas, más armas; y ahora, contra la muerte, mas muerte.
Ver columna en periódico El Mexicano de fecha 21 de marzo de 2018.
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