La triste reforma penal de junio en Baja California

A principios de junio 2018, se reformaron nada menos que 47 artículos con su buen número de fracciones del Código Penal de Baja California. En esta reforma se violentan los principios de proporcionalidad, de intervención penal mínima, del carácter fragmentario y subsidiariedad penal, y en algún artículo hasta el principio de inocencia; aderezado con un 307 quinquies abiertamente inconstitucional que permite legislar delitos fuera del Poder Legislativo. Dejando de lado la opinable sintaxis y añeja técnica enciclopédica, así como admitiendo algunos pocos aciertos descriptivos y de actualización; es preocupante el aumento de penas, la creación de nuevos delitos, restricciones y trabas para la semilibertad, y el aumento de la pena máxima en prisión hasta sesenta años (por mucho que la justifiquen con el Código Penal Federal). Veamos por qué esto no ayuda:

Nuestros sistemas penales (dice Zaffaroni), son como una orquesta con muchos directores, o una fábrica con muchos gerentes donde nadie se responsabiliza del producto final, sino que cada cual cumple con su parte como Dios le da a entender, echando la culpa a los demás por los resultados no deseados. Así por la delincuencia, los legisladores le echan la culpa a ministerios públicos, estos su vez a los jueces, aquellos a los legisladores o policías, y los policías a Derechos Humanos; sin asomarse nadie al sistema penitenciario, que no sabe a quién culpar por la reincidencia de los que salen. De esta manera, el Poder Legislativo de B.C. ejerce desde su área de manera aislada, haciendo lo que le parece más conveniente, que es aumentar penas y castigos; sin dar una mirada más analítica y científica a las consecuencias en otras fases del proceso. Subrayemos algunas:

La prisión. Sobre los delitos graves, como decapitaciones, violaciones, etc., suele haber unanimidad respecto a castigarlos con altas penas de prisión en cualquier parte del mundo. No obstante sobre los delitos medianos cada país decide de forma distinta, y es el caso que esta reforma los afecta con penas de prisión bastante amplias, cuando en México por cada 100 espacios penitenciarios, hubo casi 130 reos en 2015, lo que equivale a 48,368 presos que no tienen un lugar para estar (INEGI).

El proceso. En Latinoamérica, el 70% de los presos no están condenados, sino en prisión preventiva, de los cuales entre 20 y 25% recuperarán su libertad, por lo que están presos por nada y para nada (Zaffaronni, 2011); quienes pese a demostrar su inocencia quedarán permanentemente estigmatizados como criminales. Para solucionar el problema de presos por nada, el sistema cuenta con un procedimiento legal de extorsión para que el preso negocie con el fiscal la aceptación de una pena, pues de lo contrario habrá de enfrentar un juicio oral, donde si no tiene recursos como la mayoría de los presos, llevará todas las de perder. Aparte, para que el juicio oral llegue, a veces debe esperar casi el mismo tiempo de la condena, por lo que conviene aceptar un procedimiento abreviado condenatorio, aunque sea inocente. Como atina el referido jurista y criminólogo «nos proponen cambiar presos sin condena por condenados sin juicio, para que la subcategoría de presos por nada pase a ser la de condenados por nada«. Ello representa verdaderos casos de secuestro legal, que como todo secuestro victimiza a familias enteras, obligadas a perder su papel como base de la sociedad; secuestros que pueden ser además penas de muerte aleatorias, pues en Latinoamérica el riesgo de ser asesinado en prisión aumenta 20 veces más que en libertad, ya no digamos de ser victimizado por cualquier otro delito.

El preso. Culpable o no, habrá de cumplir con el estereotipo que su comunidad le asigna que es el de criminal, por lo que volverá a delinquir, o bien, lo hará por primera vez. En prisión sufre una regresión a su etapa infantil pues alguien le dice cómo y a qué hora, levantarse, asearse, comer y dormir, mientras le exime de responsabilidades de un adulto en libertad como el trabajo o la familia. Un mensaje de texto, una cerveza, una película, la comida favorita, abrazar a un ser querido o simplemente tener un espacio de intimidad, adquieren relevancia extraordinaria. Padecen angustia psicológica por su familia, incluso temiendo que sean vejados al visitarle como ha ocurrido, y sospechando ser olvidados o traicionados. El sistema podrá lesionarle psicológicamente y anular sus posibilidades de reintegración a la sociedad, pero no evita en absoluto que reincida en el delito, sino todo lo contrario. Resocializar en aislamiento es de por sí antagónico. Y por si fuera poco, solamente irá preso quien cumpla con el estereotipo criminal: Basta dar una mirada en cualquier penitenciaría del continente para darse cuenta de que la policía suele capturar a los más desfavorecidos que parecen haber delinquido. Cuando llega un rico a prisión, sirve para que los medios de comunicación muestren una falsa igualdad, pero en realidad si llegó a prisión es porque se metió contra otro rico y perdió.

La propuesta. Como decía Beccaria desde el siglo XVIII “más importante que la gravedad del castigo es la seguridad de que se impondrá alguna pena”. La opción entre prisión o inseguridad como únicas salidas, es falsa. No existe. Al contrario, si hay algo inseguro para la sociedad es crear penas máximas como si con ellas fueran a disuadir a delincuente alguno. La prisión no garantiza reparar el daño, ni el arrepentimiento del ofensor, ni su reinserción, ni la satisfacción de la víctima, ni la solución del conflicto, mientras que sí estigmatiza, lesiona, y destruye la base de la sociedad. Por eso debe utilizarse sólo en lo indispensable para el aislamiento de quienes son realmente peligrosos para la sociedad, y no como respuesta al primer clamor popular de venganza. Lo que sí puede ser exitoso e incluso preventivo, es ampliar las posibilidades de acceso a consecuencias jurídicas del delito como la semilibertad, la sanción económica, o el trabajo en favor de la comunidad que ya están en la ley; así como a los mecanismos alternativos de solución de controversias.  Por más populista que sea la reforma, no merece la pena arruinar vidas y familias enteras desde la comodidad de un escritorio a cambio de nada, ni creer que por redactar un texto legal, la tarea contra la delincuencia está cumplida.

Se utilizó información de la obra «La Cuestión Criminal», de Raúl Zaffaroni, 2011 (Cfr. puntos del 49 al 54)

Ver decreto 242 en Periódico Oficial de fecha 8 de junio de 2018.
Ver columna en Periódico El Mexicano de fecha 4 de julio de 2018.