La tragedia del día 10 de enero de 2019 en una escuela primaria de Torreón, donde un alumno de 11 años de edad mató a una profesora, hirió a 6 personas más y se suicidó, además de consternación, desató nuevamente una gran polémica luego de que las autoridades locales declararan que una de las líneas de investigación estaba relacionada con la utilización de un videojuego.
La referencia resultaba insoslayable, pues antes de cometer el crimen, el menor se vistió con pantalón negro, tirantes y una camiseta con el título del videojuego “Natural Selection”, tal como vestía el 20 de abril de 1999 Eric Harris quien junto a Dylan Klebold mataron a 13 personas y luego se suicidaron en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, Estados Unidos.
No obstante, como era de esperarse, la declaración fue sacada de contexto en redes sociales, en el sentido de que las autoridades echaban la culpa del crimen a los videojuegos, lo cual por supuesto es tan impreciso como afirmar que la causa fue el internet, la música o la sociedad. Estas plataformas, como la televisión son tan sólo medios o vehículos de transmisión, cuya prohibición o criminalización resultaría absurda y preventivamente disfuncional. Los contenidos en cambio, sí son susceptibles de supervisión por parte de las autoridades.
En México, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación “Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito, perturben el orden público o sean contrarios al interés superior de la niñez” (art 27).
Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que “La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y vigilará su cumplimiento. Los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en la portada de los videojuegos y en su publicidad la clasificación que corresponda…” “…Los comercializadores de videojuegos deberán abstenerse de publicitar, exhibir, vender o arrendar videojuegos cuya clasificación no sea visible en los términos que señalen los lineamientos. Los comercializadores y arrendadores de videojuegos están obligados a exigir a las personas que pretendan adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta.” (art. 69 bis.)
Las disposiciones anteriores son del año 2018. Apenas el 30 de abril de 2019 el Gobierno Mexicano desarrolló el foro «Hacia una regulación de los videojuegos en México” en el que intervino la Unidad de Normatividad de Medios; la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; diversas asociaciones y empresas de videojuegos, así como expertos en buenas prácticas de Canadá y Estados Unidos.
Las conclusiones de dicho foro fueron que la Secretaría de Gobernación emitiría los lineamientos con la opinión de expertos en un plazo de aproximadamente 60 días; que buscaría equivalencias a clasificaciones de Estados Unidos y Canadá, consideradas buenas prácticas; y que lanzaría una campaña conjunta entre gobierno, industria y comercializadoras sobre las clasificaciones, para promover la alfabetización digital de madres, padres, cuidadores, niños y adolescentes. Tras la tragedia de Torreón, Gobernación ha declarado que trabaja en la revisión de los lineamientos para clasificación de videojuegos, sin precisar si ya los emitió o apenas anda en eso.
Es muy importante que no se empiece a recurrir al Derecho Penal para criminalizar a comerciantes o usuarios de videojuegos, lo cual resultaría político criminal y económicamente un desastre. Para casos como este, ya están debidamente penalizadas la posesión de armas y los homicidios. El derecho administrativo tal como está previsto, puede funcionar bien para el control de videojuegos, basta con tomar las medidas adecuadas para su aplicación.
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*Máster en Derecho Penal y en Criminología por la Universidad de Barcelona /
Presidente de la Academia de Ciencias Penales de la Universidad Autónoma de Baja California, Fac. Derecho, Tijuana.
Publicación en periódico El Mexicano de fecha 16 de enero de 2020