El 14 de febrero de 2019, el Congreso de Baja California aprobó por mayoría enviar al Congreso de la Unión un exhorto para rechazar toda iniciativa que pretenda “legalizar el aborto e interrumpir el embarazo”, según se expresó en una ponencia, ante la presencia de grupos sociales pro vida, como una reacción a posicionamientos sobre el “derecho a decidir” adoptados por el actual Gobierno Federal desde su campaña.
En dicha sesión la prensa local documentó frases como “teñir de sangre humana a la sociedad”, “no se puede estar con Dios ni con el Diablo”, “el fin de manipular a la humanidad”, “el mayor genocidio de la historia”, y una serie de pensamientos que no se si salieron del corazón o de la pericia electoral, pero en todo caso sin rigor científico alguno. Esta clase de prácticas no son recientes, pues ante casi todos los problemas sociales (fiscales, de maltrato animal, electorales, etc.) se suelen inventar nuevos delitos y penas, donde en vez de acudir a expertos, en ciencias penales o en la ciencia interdisciplinaria de la Criminología, terminan consultando al criminalista aficionado de cafetería que todos llevamos dentro.
En torno a este debate, faltó considerar al menos los siguientes 8 puntos:
1. La vida humana es un valor de interés fundamental, que debe protegerse mediante los más eficaces mecanismos gubernamentales, jurídicos y sociales.
2. El antecedente a la vida de una persona nacida es el feto, por lo que debe merecer también los más eficaces mecanismos de protección gubernamentales, jurídicos y sociales. No comparto la posición de quienes aducen que el feto es como cualquier otro órgano del cuerpo de la mujer.
3. Con el fin de proteger lo anterior, la Constitución de Baja California en su artículo 7º expresa una redacción apropiada, y una muy desafortunada. A) La aceptable establece: “esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley…”. B) La parte inaceptable dice: “…y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes…” Lo disfuncional nos queda claro con sólo imaginar a la cancillería mexicana expidiendo pasaportes para fetos, o al Registro Civil, actas de nacimiento para embriones, es decir, resulta absurdo considerar a un feto como nacido para todos los efectos legales.
4. Todo aborto es una mala experiencia, aun cuando sea practicado para evitar una experiencia peor. Nadie se ilusiona con abortar algún día. Por ello tiene un desvalor y es necesario buscar los mecanismos para evitarlo.
5. La herramienta gubernamental menos eficaz para proteger fetos, es la prisión. A) La amenaza penal no llega a quienes tienen un mínimo de recursos para viajar a Ciudad de México o a Estados Unidos para practicarse un aborto no penalizado. B) Por ello, sólo se criminaliza a las mujeres más pobres. C) Las mujeres que han considerado abortar, creen estar bajo la inminente necesidad de evitar problemas familiares, económicos, laborales, sociales, o algún otro, ante los cuales la intimidación penal tiene muy poca efectividad, apostando por la impunidad. D) La cárcel sustrae a una persona de todas sus responsabilidades en libertad, y le reduce a su etapa infantil donde alguien le dice cómo vestir, a qué hora dormir y qué comer. La mujer presa se sentirá en un secuestro de Estado que trasciende económica, social y psicológicamente a su familia, sin que nadie comprenda exactamente cuál fue la lección. E) El costo económico y sobre todo el costo social de la prisión, son incuantificablemente altos frente al poco o nulo beneficio que ofrecen.
6. Más funcionales para evitar abortos, son los programas de agilización de adopciones, apoyo económico, escuela para padres o asistencia psicológica integral, más una política preventiva de planificación familiar, entre otros mecanismos desprovistos de sanción.
7. Esta posición debería satisfacer a conservadores, progresistas, religiosos o liberales, pues tanto si estamos a favor de la vida, como si estamos a favor de la libre decisión de interrumpir el embarazo, se puede coincidir en que ni el aborto es conveniente, ni la pena de prisión funcional para evitarlo.
8. Lo más importante en la motivación de todo proyecto legislativo, no es el problema o su incidencia, sino cuales son los mecanismos adecuados para resolverlo. Sus esfuerzos no deben enfocarse en el acarreo de víctimas o en cuantificar incidencias para demostrar que el problema existe, sino en demostrar cómo es que su propuesta va a resolver el problema. En junio de 2018, como supuesta salida a muchos problemas sociales, el Congreso local tomó 47 artículos del Código Penal para aumentar las penas en todos, dejando claro que la consulta científica y el enfoque en resultados reales no ha estado aún en el orden de prioridades.
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Enlace a periódico El Mexicano de fecha 6 de marzo de 2019