El 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, proclamado por Naciones Unidas, de las que México forma parte desde el 7 de noviembre de 1945. Este fenómeno delictivo presenta numerosos desafíos: 1010 homicidios registrados de periodistas en los últimos 12 años alrededor del mundo según datos de la UNESCO (2006 a 2017), destacando por sus cifras Irak, Filipinas, Siria, México, Pakistán, Honduras, India o Afganistán, sin contar otros delitos como detenciones ilegales o amenazas. En México, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión contabiliza 105 homicidios de periodistas, en razón de su profesión, entre los años 2000 a 2016. Si son pocos o muchos, depende ya de la perspectiva de cada quien, pero el problema existe, lesionando la libertad de expresión, tan necesaria en todos los rubros de una sociedad, cuando se ejerce de forma respetuosa, veraz y objetiva. Conscientes de que este fenómeno delictivo implica un desarrollo mucho más amplio, queremos destacar al menos dos medidas de intervención penal que no han funcionado.
1. La más cómoda suele ser el aumento de penas. Modificar un texto legal y decir “asunto resuelto” cual varita mágica, no es un problema exclusivo de nuestro país, pues en casi todos se practica el populismo punitivo. La motivación suele ser únicamente la exposición del problema, repetir cifras o contar historias personales de víctimas, pero no se explica cómo esta medida puede funcionar para erradicar o disminuir el problema: Ningún homicida se pone a investigar en cuanto andan las penas para saber si delinque, por lo que no es un mecanismo ideal para prevenir estos crímenes.
2. Otra es dotar al periodista de calidad jurídica especial, ya sea redactando una agravante, o un nuevo tipo de delito especial. La efectividad de dicha medida consiste sólo en calmar la efervescencia mediática del momento, pero de disuadir el crimen, poco. Se basa en considerar que la labor del periodista es de especial peligrosidad, aunque sin dar la misma calidad a policías, militares, médicos, etc. De hecho algunas redacciones pudieran llegar a entorpecer las investigaciones, si a la fiscalía se le suma la necesidad de acreditar la calidad de “periodista” en la víctima; lo que se complica por ejemplo en portales independientes, revistas estudiantiles, o comunicadores de redes sociales. También cuando la redacción exige la difícil tarea de investigar en la mente del autor que el crimen se cometió con motivo de una actividad periodística; lo cual no es imposible, pero tampoco necesaria para obtener una sentencia condenatoria en cualquier homicidio calificado.
En México ocho entidades y PGR cuentan con fiscalías especializadas en delitos contra periodistas, lo cual no parece desacertado. Sin embargo el presupuesto de todo gobierno se parece a una cobija insuficiente, en que tapar la cara implica descubrir los pies; y en este sentido cada Congreso habrá de evaluar si es una medida realmente funcional asignar recursos extraordinarios a una fiscalía, o es más acertado distribuirlos entre otras necesidades tan prioritarias como esta.
Afortunadamente México vive la libertad de expresión tanto de hecho como de Derecho. Sería equívoco observar nuestras garantías constitucionales únicamente desde los casos en que han fallado. Por el contrario, valdría la pena preguntarnos ¿Cómo estaría nuestra sociedad si ninguna ley nos garantizara el derecho a expresarnos con libertad? ¿Cómo sería nuestra prensa o cómo estarían reguladas nuestras redes sociales en un Estado totalitario? Ello no nos exime por supuesto de continuar con la exigencia de combate a la impunidad para este tipo de crímenes; no solamente aspirando a su persecución y castigo, sino también a los debidos mecanismos de prevención, a una adecuada atención para las víctimas, al respaldo efectivo a periodistas a través de las medidas de protección o cautelares previstas por ley, y a fomentar el derecho a la información de calidad, que siempre será benéfico para toda sociedad.
Enlace a publicación de periódico El Mexicano de fecha 7 noviembre 2017
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Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas sobre crímenes contra los periodistas para el año 2018: