(Publicaci\u00f3n 1 agosto 2018)<\/p>\n
A\u00fan no entran en vigor todas aquellas disposiciones que se plasmaron en la Constituci\u00f3n mexicana el 10 de febrero de 2014 como parte de la llamada reforma Pol\u00edtico Electoral. Entre ellas, el apartado A del art\u00edculo 102 prev\u00e9 que \u201cEl Ministerio P\u00fablico de la Federaci\u00f3n se organizar\u00e1 en una Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica como \u00f3rgano p\u00fablico aut\u00f3nomo, dotado de personalidad jur\u00eddica y patrimonio propio<\/em>\u201d. En este sentido merece la pena revisar qu\u00e9 implica dicha Fiscal\u00eda General, a diferencia de la actual \u201cPGR\u201d.<\/p>\n En principio, la denominaci\u00f3n \u201cFiscal\u00eda\u201d no hace mucho sentido con las funciones que se pretenden, pues guarda relaci\u00f3n con asuntos del tesoro p\u00fablico o recaudaci\u00f3n de impuestos. As\u00ed, el \u201cFiscus<\/em>\u201d desde el Imperio Romano fue una estructura administrativa creada para ocuparse del patrimonio real. Por ello, expresa el eminente procesalista Nieva Fenoll \u201cresulta enigm\u00e1tico el salto de esta figura al proceso penal<\/em>\u201d. Se cree, comenz\u00f3 a trav\u00e9s de alguna de las extralimitaciones que se acostumbraban en la \u00e9poca medieval. En M\u00e9xico de hecho, la Constituci\u00f3n Federal de 1824<\/a> estableci\u00f3 la figura de Fiscales tambi\u00e9n para proteger intereses tributarios, aunque incluy\u00f3 asesoramiento a tribunales, persecuci\u00f3n de delitos y la acusaci\u00f3n en el proceso penal. En 1857 la Constituci\u00f3n estableci\u00f3 la figura de un Procurador adscrito a la Suprema Corte, y fue hasta la de 1917 cuando el art.102 incluy\u00f3 la figura del Ministerio P\u00fablico de la Federaci\u00f3n presidido por un Procurador General de la Rep\u00fablica, nombrado y removido libremente el Presidente, de quien ya depender\u00eda jer\u00e1rquicamente. Al parecer el t\u00e9rmino \u201cFiscal\u00eda\u201d se retoma simplemente por estar de moda, junto con la frase \u201cjuicios orales\u201d, que se usa inadecuadamente para referirse al proceso penal, al Derecho Procesal Penal, a la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica y a otras cosas para que suenen a nuevo. Y ya sobre moda, extra\u00f1a que no se haya seguido la l\u00ednea de del C\u00f3digo \u201cNacional\u201d o Instituto \u201cNacional\u201d por ejemplo, llam\u00e1ndole \u201cFiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d.<\/p>\n En relaci\u00f3n a las diferencias sustantivas, el art\u00edculo 102 constitucional<\/a> destaca que la FGR, a diferencia de la PGR, se convertir\u00e1 en un \u00f3rgano constitucional aut\u00f3nomo, respecto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; cuyo Fiscal General permanecer\u00e1 9 a\u00f1os en el cargo. Para su designaci\u00f3n, el Senado integrar\u00e1 una lista de al menos 10 aspirantes, de los que el ejecutivo nombrar\u00e1 una terna, de la que el Senado a su vez designar\u00e1 al titular. Dicha autonom\u00eda representa un gran avance en materia pol\u00edtica, social y de derechos humanos, pues con ello se limita la verticalizaci\u00f3n del poder punitivo que tanto da\u00f1o ha hecho a nivel internacional. Implica reducir aquellas detenciones donde el imputado se presenta como trofeo de cacer\u00eda, arrojado al clamor popular\u00a0que desconoce tecnicismos legales, pero que le sabe a las redes sociales y tiene credencial para votar. Sobre tal autonom\u00eda, el presidente electo (de quien admitimos aciertos y desaciertos) manifest\u00f3 preferencia por la designaci\u00f3n directa del Fiscal por el Ejecutivo, tal como ahora. Ello tendr\u00eda implicaciones negativas, basta recordar la reciente resoluci\u00f3n del caso Ayotzinapa<\/a>, donde por falta de autonom\u00eda de PGR y de credibilidad, se orden\u00f3 crear una comisi\u00f3n para sustituirla, integrada por Ministerio P\u00fablico, representantes de las v\u00edctimas y la CNDH, pudiendo sumarse la Interpol y la ONU. No obstante dados los resultados electorales, la influencia del ejecutivo sobre el legislativo es evidente, por lo que probablemente igual har\u00e1 su voluntad, sin necesidad de dar marcha atr\u00e1s a la reforma constitucional.<\/p>\n Llama la atenci\u00f3n tambi\u00e9n que constitucionalmente se establezca como indispensable, s\u00f3lo la creaci\u00f3n de las fiscal\u00edas sobre delitos electorales y sobre combate a la corrupci\u00f3n, habiendo fen\u00f3menos delictivos de mayor peligrosidad y mayor afectaci\u00f3n social. Su entrada en vigor es incierta, pues el transitorio XVI de la reforma la condiciona a la declaratoria del Congreso, que con la transici\u00f3n actual menos tiene una fecha espec\u00edfica. En todo caso recordemos que las normas constitucionales no son varita m\u00e1gica y que cualquier fiscal\u00eda del mundo persigue delitos y acusa, solamente cuando el da\u00f1o ya est\u00e1 hecho, por lo que una pol\u00edtica criminal preventiva, definitivamente debe enfocarse tambi\u00e9n en otras dependencias.<\/p>\n