{"id":599,"date":"2018-07-11T09:36:53","date_gmt":"2018-07-11T09:36:53","guid":{"rendered":"http:\/\/cienciaspenales.info\/abrahamcortez\/?p=599"},"modified":"2018-07-11T16:14:47","modified_gmt":"2018-07-11T16:14:47","slug":"la-nueva-inconstitucionalidad-penal-urbana-b-c","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/cienciaspenales.info\/abrahamcortez\/la-nueva-inconstitucionalidad-penal-urbana-b-c\/","title":{"rendered":"La nueva inconstitucionalidad penal-urbana en B.C."},"content":{"rendered":"

Una de las casi innumerables \u00aboportunidades de mejora\u00bb de la reforma penal de junio 2018<\/a> en Baja California es la inconstitucionalidad del art\u00edculo 307 quinquies<\/em>, del nuevo cap\u00edtulo denominado \u201cDelitos contra el desarrollo urbano\u201d. El numeral expresa textualmente lo siguiente:<\/p>\n

\u201cAl servidor p\u00fablico que expida alguna licencia, permiso, autorizaci\u00f3n, constancia, o dictamen para realizar cualquier tipo de construcci\u00f3n, obra de infraestructura, equipamiento urbano, acci\u00f3n de urbanizaci\u00f3n o asentamiento humano sin observar o contraviniendo el Atlas de Riesgos correspondiente, se le impondr\u00e1n de dos a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n y hasta cuatrocientos d\u00edas multa.<\/em>
\nLas mismas penas se aplicar\u00e1n a quien a sabiendas de que la licencia, permiso, autorizaci\u00f3n, constancia o dictamen fueron expedidos contraviniendo el Atlas de Riesgo, realice o permita cualquier tipo de construcci\u00f3n, obra de infraestructura, equipamiento urbano, acci\u00f3n de urbanizaci\u00f3n o asentamiento humano.<\/em>\u201d<\/p>\n

Como podemos ver en ambos par\u00e1grafos, el legislador remite dos veces a un ordenamiento diferente al C\u00f3digo Penal, con el que debe complementarse la norma jur\u00eddica prohibitiva. A esta clase de redacciones se le conoce en lenguaje jur\u00eddico como \u201ctipos penales en blanco\u201d, que son una pr\u00e1ctica com\u00fan en la t\u00e9cnica legislativa de varios pa\u00edses, aunque no siempre recomendable.<\/p>\n

El problema con la redacci\u00f3n estatal es que dicho art\u00edculo no remite a una ley distinta al c\u00f3digo; sino que remite a un \u201cAtlas de Riesgos\u201d que no tiene rango de \u201cley\u201d que emane del Poder Legislativo. Ni siquiera es reglamento nacido de un Cabildo, cuya referencia penal tambi\u00e9n ser\u00eda inconstitucional. El Atlas de Riesgo<\/a> es creado en el mejor de los casos por la Direcci\u00f3n estatal de Protecci\u00f3n Civil, pero tambi\u00e9n puede salir de la inspiraci\u00f3n del dependiente de cualquier unidad administrativa municipal, pues la ley de la materia prev\u00e9 que su creaci\u00f3n es responsabilidad tambi\u00e9n de los \u00f3rganos municipales, definiendo estos como \u201clas unidades administrativas que establezca el reglamento\u201d. (arts. 13.XVIII; 26 y 27.I Ley de Protecci\u00f3n Civil B.C.<\/a>)<\/p>\n

Las consecuencias son que, a cualquiera que participe en la creaci\u00f3n o modificaci\u00f3n del \u201catlas\u201d as\u00ed como en las disposiciones que le complementen, se le est\u00e1n dando facultades legislativas en materia penal. Por ejemplo, si un trabajador de desarrollo urbano establece que a partir de hoy la colonia \u201cLas Torres\u201d con riesgo de inundaci\u00f3n, abarca 50 metros m\u00e1s, hasta donde yo estoy construyendo, autom\u00e1ticamente ese trabajador est\u00e1 modificando la ley penal, involucr\u00e1ndome en un delito e imponi\u00e9ndome hasta ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n. Cuando la ley penal remite a un reglamento municipal violenta la divisi\u00f3n constitucional de poderes,\u00a0pero cuando la existencia del delito depende de lo que diga un Atlas, de plano transgrede el sentido com\u00fan.<\/p>\n

La facultad exclusiva de legislar en materia penal, corresponde al Poder Legislativo de acuerdo al art\u00edculo 27.I de la Constituci\u00f3n local<\/a> y al 73 XXI de la Carta Magna<\/a>. Pero, por si acaso hubiese duda de la interpretaci\u00f3n que aqu\u00ed se sostiene, ya hubo cinco resoluciones de amparo en un mismo sentido, creando una jurisprudencia de interpretaci\u00f3n obligatoria, bajo la tesis 10\/2008<\/a> que expresa:<\/p>\n

\u201cNormas penales en blanco. Son inconstitucionales cuando remiten a otras que no tienen el car\u00e1cter de leyes en sentido formal y material<\/em>\u201d. Registro 170250<\/a><\/p>\n

Sobre la nula proporcionalidad en la pena; su redacci\u00f3n excesivamente descriptiva; lo superfluo del art\u00edculo porque las conductas son sancionables por otras disposiciones; la opinable sintaxis que mezcla autor\u00eda, participaci\u00f3n, acci\u00f3n, omisi\u00f3n; y la peligrosa man\u00eda de legislar penalmente cada acontecimiento medi\u00e1tico, ya habr\u00e1 oportunidad de comentar en otra ocasi\u00f3n.<\/p>\n

Ver en Peri\u00f3dico El Mexicano de fecha 11 de julio de 2018<\/a><\/p>\n

Enlace relacionado:<\/p>\n

La triste reforma penal de junio en Baja California<\/a><\/p><\/blockquote>\n